Financiamiento y transparencia de los partidos políticos

Propuestas para la reducción del financiamiento y la rendición de cuentas de los partidos políticos

Ponencia presentada en el evento “DE LA PROTESTA A LA PROPUESTA” organizado por la Asamblea Nacional Ciudadana (ANCA) fuera del Palacio Legislativo de San Lázaro el 1º de septiembre de 2009

1. El Problema: El costo del financiamiento a los partidos políticos es inaceptable.

1.1 El costo de los partidos políticos en México es uno de los mayores del mundo. En México cada voto costó $224. En Brasil el costo es menos de $4, en Argentina poco más de $5, en Ecuador es poco más de $14, y en Colombia de $25. Incluso es casi el triple de los “más costosos” de América Latina, como Panamá con un costo de $68 y en República Dominicana que es el más caro y llega a $89[1].

1.2 El financiamiento federal[2] a los partidos ha aumentado cada año:

1998	1,046.6
1999	1,312.4
2000	3,064.1
2001	2,250.7
2002	2,439.9
2003	4,829.1
2004	1,855.0
2005	2,013.2
2006	4,171.1
2007	2,704.1
2008	2,718.0
2009	3,633.1
Total	34,484.0

 

En 2009, además hay que sumarle a los $3,600 millones, los recursos en especie estimados en casi 1,500  millones de pesos por los espacios de tiempos oficiales ocupados en los medios electrónicos. Los partidos manejaron $5,000 millones en 2009, solo del presupuesto federal.

1.3 El financiamiento a los partidos políticos es el único presupuesto garantizado en la Constitución. Aún en contexto de crisis de las finanzas públicas, como el actual, no se puede reducir. El presupuesto para educación o para salud no tienen esa condición.

2. Antecedentes y aspectos a cuidar: El financiamiento público fue parte de la reforma electoral para lograr equidad en 1995 y 1996.

2.1 El financiamiento público a los partidos busca dar equidad a la contienda. Esto es un valor que debe preservarse.

2.2 El financiamiento público a los partidos busca alejar la dependencia y acuerdos nocivos con grandes intereses o dinero ilegal. Esto no se ha logrado del todo, por lo que se debe exigir una seria y rigurosa fiscalización.

2.3 La Ley establece topes al financiamiento privado. Hay un máximo de aportación por persona y además, establece que el monto total de recursos privados no puede ser superior al financiamiento público. Esto debe preservarse. Es incorrecto pretender desaparecer el financiamiento público y sustituirlo por recursos privados. Debe permanecer la primacía de los recursos públicos y el tope de aporte de una persona, así como las prohibiciones a aportaciones de empresas, asociaciones religiosas y personas físicas o morales del extranjero.

 

3. Las Propuestas: La Asamblea Nacional Ciudadana exige la reducción del financiamiento a los partidos.

3.1 El monto es inaceptable, es inmoral y no ha dado eficacia y mejor calidad a nuestra democracia. Todos los estudios muestran el deterioro de la política y la proliferación de los escándalos asociados con el dinero en la política.

3.2 Se requiere una reforma constitucional para reducir el financiamiento de los partidos. Una reforma a la Constitución requiere el voto de 2/3 de ambas Cámaras y la aprobación de la mitad más uno de los Congresos Locales.

3.3 El cambio para reducir el financiamiento es viable con una nueva fórmula de cálculo. Actualmente la Constitución establece que “El financiamiento público para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes se fijará anualmente, multiplicando el número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral por el sesenta y cinco por ciento del salario mínimo diario vigente para el Distrito Federal.”[3] Mediante esa fórmula, el próximo año, los partidos recibirán cerca de 3,000 millones de pesos.

El cambio para reducir el financiamiento se podría lograr si en lugar de la redacción anterior, se dijera que “el financiamiento público para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes se fijará anualmente, multiplicando el número de votos válidos emitidos por algún partido  político o coalición en la elección federal previa por el sesenta y cinco por ciento del salario mínimo diario vigente para el Distrito Federal”. Con esta nueva fórmula, el próximo año los partidos recibirían alrededor de 1,700 millones de pesos.

Esta reducción además tendría el efecto de generar incentivos en los partidos para reducir el abstencionismo y convencer a quienes anularon su voto. (Esta nueva fórmula le da valor económico y político al voto nulo).

4. Otra propuesta: Los partidos deben ser transparentes en el manejo de los recursos y rendir cuentas.

4.1 Los partidos políticos deben ser sujetos obligados de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. Además se requiere dotar al IFAI con atribuciones como órgano garante para obligar a los partidos a cumplir la Ley. Esta reforma se complementaría otorgando la autonomía constitucional del IFAI y su atribución sobre los 3 poderes, los órganos autónomos y los partidos políticos.

4.2 Para fortalecer la fiscalización hay que dar atribuciones a la Auditoría Superior de la Federación, nombrar contralores internos y fortalecer la fiscalización del IFE. La ASF debería realizar auditorías anuales a los recursos públicos administrados por los partidos. Además los partidos deben nombrar un Contralor a partir de ternas propuestas por organismos profesionales y ciudadanos. Es importante que el IFE mantenga y fortalezca sus atribuciones de fiscalización.  Por otra parte, el exceso en gastos de campaña  debe ser causal de nulidad de la elección.

5. Una propuesta complementaria: Se deben eliminar o reducir los recursos asignados por otras fuentes a los partidos políticos

De manera complementaria se deben eliminar las partida de “acción política” y las bolsas de recursos para las fracciones parlamentarias tanto en el Congreso de la Unión como en los Congresos estatales; así como las partidas de supervisión del padrón y cualquier otra que implique transferencia de recursos a los partidos.

La legislación electoral en cada entidad debe modificarse para también reducir el financiamiento estatal a los partidos políticos y vincularlo a los “votos válidos emitidos por partidos políticos”

6. Una sugerencia más: Priorizar la Iniciativa Legislativa “Popular” o Ciudadana como una de las formas urgentes de participación ciudadana en la vida pública.

Si se logra una reforma para reconocer el derecho de la ciudadanía a presentar iniciativas legislativas, estas propuestas podrían ser presentadas de manera directa y formal por las organizaciones sus ciudadanas para su discusión en el Poder Legislativo, contando con un plazo perentorio para su dictamen y votación.

7. Una nota relevante: La reducción del tamaño de las Cámaras es viable y debe ser lograda antes de la elección de 2012, por lo cual debe analizarse detenidamente.

No es recomendable por ningún motivo eliminar la representación proporcional en la Cámara de Diputados. Eso sería un retroceso para el país y un regreso a pretensiones de uniformidad y fortalecimiento de los monopolios políticos.

Los diputados de representación proporcional pueden fortalecer la representatividad y la pluralidad política, abriendo posibilidades de mejorar la democracia representativa, sobretodo si surgen entre candidatos que hacen campaña distrital.

El número de diputados de representación proporcional podría quedar “abierto”, dejando como mínimo un número suficiente para que todos los partidos tengan el número de diputados equivalente a su votación. El número aproximado podrían ser 400.

La reducción de los Senadores podría hacerse eliminando la “lista” dado que modificó el sentido representativo de las entidades federativas en el Senado, para quedar en 96.

 

Rogelio Gómez Hermosillo M.

Septiembre 1º, 2009

---

[1] Datos de Jaime Sánchez Susarrey en Reforma, Agosto 29, 2009.

[2] Fuente: IFE.

[3] Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, art. 41, fracción II, inciso a.

TRES EXIGENCIAS INMEDIATAS

Las organizaciones que convocaron a anular el voto, junto con un conjunto de personas y organizaciones comprometidas con la democracia, se han articulado aún antes del 5 de julio y han generado un espacio de coordinación y acuerdo muy plural, llamado Asamblea Nacional Ciudadana.

El martes 1º de Septiembre estos grupos -los que tienen sede en el DF y pocos que pueden llegar hasta acá- realizarán una sesión en la Cámara de Diputados (bueno, afuera de la Cámara) para deliberar y exigir las tres demandas ya consensadas el 30 de junio:

1. Ampliación del poder ciudadano, mediante el establecimiento de las formas de democracia directa como el plebiscito, el referéndum, la iniciativa legislativa y la revocación de mandato.

2. Transparencia y reducción de recursos de los partidos políticos

3. Aprobación de candidaturas ciudadanas.

Este es el primer paso para exigir al Congreso de la Unión que tome en serio el gran descontento frente al sistema político y que se abran los espacios de diálogo para dar cauce a estas y otras muchas exigencias.

Para conocer los documentos y para sumarse a estas exigencias:

Esperemos que los legisladores atiendan esta exigencia.

La maestra y su partido

La elección del 2009 puso en evidencia cómo en México, los diferentes vacíos legales han permitido que a pesar de la democratización y el pluralismo partidista, el corporativismo autoritario, continúe legitimándose desde el poder. Efectivamente, durante muchos años, el corporativismo entendido como una forma específica de representación e intermediación de intereses de un grupo determinado, junto con el clientelismo, fueron dos de los principales pilares del sistema político mexicano. Desde su creación, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) logró controlar y organizar al sector obrero, campesino y popular a través de diversas agrupaciones que le garantizaron un amplio control político y por lo tanto su permanencia en el poder. Este pacto tenía sus propias reglas de operación, dentro de las cuales se les pedía fidelidad a cambio de otorgarle a los gremios no solo prebendas sino también sus propias cuotas de poder y de representación. De esta manera, además de los liderazgos eternos e intocables al frente de las agrupaciones gremiales más importantes del país, diputados y senadores sindicales llegaban al Congreso bajo los colores del partido tricolor. Así, según Juan Reyes del Campillo, de 1979 al 2006 existieron en promedio 63 diputados sindicales.

Con la transición a la democracia, el adelgazamiento del Estado y la privatización de la mayoría de las empresas estatales, el sindicalismo campesino y obrero se debilitó enormemente al grado de ver su influencia política sumamente acotada. No sucedió así, con los nuevos gremios empresariales ni con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) el cual es, hoy en día, el más grande de América Latina al contar en sus filas a más de un millón 300 mil afiliados.

Al ser tan grande y tan diverso, el SNTE cuenta entre sus filas a agremiados de diferentes afinidades políticas. Aún así, su funcionamiento interno posee todas las características del corporativismo autoritario que le dieron vida al viejo régimen priista, a saber la organización jerárquica y cupular, la obligación de afiliación por parte de sus miembros, la toma de decisiones vertical, la falta de rendición de cuentas sobre el uso de los recursos, la falta de renovación de la dirigencia y el monopolio de la representación de los intereses. Todo esto, sin posibilidad de contrapeso alguno ya que ni siquiera las leyes de transparencia federal y estatales pueden ser usadas para que el sindicato rinda cuentas a sus agremiados puesto que solo en 3 entidades (Distrito Federal, Sonora y Michoacán) los sindicatos son sujetos obligados de transparencia.
Con estas características, hasta antes del 2006, el SNTE tenía que pasar por la intermediación de un partido político para poder obtener candidaturas y puestos de poder. Esto le fue particularmente provechoso en el 2003, cuando bajo el liderazgo de Elba Esther Gordillo logran 25 diputados sindicales arropados por el PRI. En el 2006 la ley permite que compitan por primera vez con su propio partido, el Partido Nueva Alianza (PANAL) el cual no solo logra obtener por sí mismo 9 diputaciones y 1 senador sino que el supuesto apoyo a la candidatura de Felipe Calderón Hinojosa le reditúa en cargos en la Secretaría de Educación Pública, la Lotería Nacional el ISSSTE y el FOVISSSTE.

Con la reforma del 2007, los diputados trataron de dar marcha atrás al prohibir a las agrupaciones gremiales la creación de partidos y las actividades de proselitismo electoral. Demasiado tarde para el sindicato de maestros ya que en el 2009, el SNTE y su partido, el PANAL, volvieron a repetir la fórmula de la inequidad aprovechando no solo los recursos públicos que por ley se dan a los partidos políticos sino que además pudieron apoyarse en la infraestructura humana y física que solo un sindicato como el SNTE puede ofrecer. De esta manera, Alianza Cívica observó que en los Estados de Sonora, Estado de México, Nuevo León y Coahuila, el PANAL y sus aliados se apoyaron en la red de maestros para operaciones como la pirámide de 10 (llevar al menos 10 personas a votar), las brigadas comunitarias y el desarrollo de “rutas” (apoyarse en delegados, comisionados, inspectores y directores de escuela) lo cual le dio 8 diputados federales y varias victorias a nivel local. Si a esto se agregan los puestos de poder y de representación que el sindicato obtiene con los demás partidos y gobiernos estatales por las vías de mediación y presión tradicional tenemos que lejos de favorecer la equidad, la pluralidad y la democracia, las “reglas del juego” y la complicidad partidista han propiciado que el corporativismo autoritario no solo se mantenga sino que se siga fortaleciendo desde el poder.

Hay 3 aspirantes para la CDHDF

Abigail Cruz y Fernando Ríos

Ciudad de México.- La Comisión de Derechos Humanos en la Asamblea Legislativa informó que oficialmente se han registrado tres aspirantes al cargo de titular de la Comisión de Derechos Humanos del DF (CDHDF), luego de que el pasado domingo salió la convocatoria.

José Antonio Zepeda, vicepresidente de dicha comisión legislativa, informó que entre los aspirantes se encuentran: Ricardo Hernández Forcada, Jorge Humberto Carreto Siller y Patricia Colchero Aragonés, esta última fue promovida por 30 organizaciones defensoras de derechos humanos.

En entrevista, aseguró que el plazo para que se registren los aspirantes a dicho cargo vence el 11 de agosto, y dos días después dicha comisión legislativa publicará la lista de los candidatos para que los capitalinos puedan opinar sobre sus perfiles y dar su punto de vista de cada uno de ellos.

Indicó que, posteriormente, la lista será entregada a la Comisión Instaladora de la Asamblea Legislativa, la cual la entregará a la Comisión de Gobierno de la Quinta Legislatura.

Mencionó que luego de lanzarse la convocatoria, el proceso no puede politizarse porque está bien resguardado.

Reiteró que el perfil para ocupar la presidencia de la CDHDF es que la persona tenga conocimientos y experiencia en la promoción, defensa y difusión de los derechos humanos, así como en seguridad y administración pública, por que éstos son los rubros en los que más violaciones a los derechos humanos se cometen.

Los aspirantes deberán de entregar a la Asamblea Legislativa un documento en el que expliquen las razones de porqué quieren ocupar ese cargo, y adjuntar su curriculum vitae, por lo que los diputados salientes sólo "revisaremos que los candidatos cumplan con los requisitos de elegibilidad para poder publicar la lista, y corresponderá a la Quinta Legislatura nombrar al nuevo presidente de la CDHDF el 30 de septiembre, fecha en que concluye el periodo de Emilio Álvarez Icaza.

Confió en que las diversas organizaciones de derechos humanos, desde una visión diferente, presenten a sus candidatos, y exclamó que hace ocho años el número de aspirantes que se registró fue de 40, por lo que piensa que en el actual proceso el número pueda disminuir, pero las personas que se registrarán serán de todos los ámbitos, como académicos, organizaciones no gubernamentales, de la sociedad civil, investigadores y especialistas en el tema.

Ricardo Hernández Forcada, director del Programa VIH Sida en la Comisión Nacional de Derechos Humanos además se ha desempeñado como académico impartiendo materias en Filosofía.

Jorge Humberto Carreto Siller, fundador del Frente Mexicano en Pro de los Derechos Humanos, cuenta con la maestría en educación para la salud, trabajo, perinatal y estimulación temprana, diplomado en justicia y derechos humanos.

Patricia Colchero Aragonés cuenta con antecedentes de formación y participación activa en la Alianza Cívica y en la Segunda Visitaduría General de la CDHDF, donde estuvo a cargo de la investigación de violaciones a los derechos humanos de las personas privadas de la libertad, entre otras labores.

Además cuenta con un proyecto alternativo para el sistema penitenciario, mismo que ha sido apoyado y avalado por la Comisión de Derechos Humanos de la ALDF.

Finalmente, Gerardo Sauri anunció que se registraría para ser nombrado ombudsman y advirtió sobre el resurgimiento de políticas que restringen o vulneran el respeto a los derechos humanos.