Financiamiento y transparencia de los partidos políticos

Propuestas para la reducción del financiamiento y la rendición de cuentas de los partidos políticos

Ponencia presentada en el evento “DE LA PROTESTA A LA PROPUESTA” organizado por la Asamblea Nacional Ciudadana (ANCA) fuera del Palacio Legislativo de San Lázaro el 1º de septiembre de 2009

1. El Problema: El costo del financiamiento a los partidos políticos es inaceptable.

1.1 El costo de los partidos políticos en México es uno de los mayores del mundo. En México cada voto costó $224. En Brasil el costo es menos de $4, en Argentina poco más de $5, en Ecuador es poco más de $14, y en Colombia de $25. Incluso es casi el triple de los “más costosos” de América Latina, como Panamá con un costo de $68 y en República Dominicana que es el más caro y llega a $89[1].

1.2 El financiamiento federal[2] a los partidos ha aumentado cada año:

1998	1,046.6
1999	1,312.4
2000	3,064.1
2001	2,250.7
2002	2,439.9
2003	4,829.1
2004	1,855.0
2005	2,013.2
2006	4,171.1
2007	2,704.1
2008	2,718.0
2009	3,633.1
Total	34,484.0

 

En 2009, además hay que sumarle a los $3,600 millones, los recursos en especie estimados en casi 1,500  millones de pesos por los espacios de tiempos oficiales ocupados en los medios electrónicos. Los partidos manejaron $5,000 millones en 2009, solo del presupuesto federal.

1.3 El financiamiento a los partidos políticos es el único presupuesto garantizado en la Constitución. Aún en contexto de crisis de las finanzas públicas, como el actual, no se puede reducir. El presupuesto para educación o para salud no tienen esa condición.

2. Antecedentes y aspectos a cuidar: El financiamiento público fue parte de la reforma electoral para lograr equidad en 1995 y 1996.

2.1 El financiamiento público a los partidos busca dar equidad a la contienda. Esto es un valor que debe preservarse.

2.2 El financiamiento público a los partidos busca alejar la dependencia y acuerdos nocivos con grandes intereses o dinero ilegal. Esto no se ha logrado del todo, por lo que se debe exigir una seria y rigurosa fiscalización.

2.3 La Ley establece topes al financiamiento privado. Hay un máximo de aportación por persona y además, establece que el monto total de recursos privados no puede ser superior al financiamiento público. Esto debe preservarse. Es incorrecto pretender desaparecer el financiamiento público y sustituirlo por recursos privados. Debe permanecer la primacía de los recursos públicos y el tope de aporte de una persona, así como las prohibiciones a aportaciones de empresas, asociaciones religiosas y personas físicas o morales del extranjero.

 

3. Las Propuestas: La Asamblea Nacional Ciudadana exige la reducción del financiamiento a los partidos.

3.1 El monto es inaceptable, es inmoral y no ha dado eficacia y mejor calidad a nuestra democracia. Todos los estudios muestran el deterioro de la política y la proliferación de los escándalos asociados con el dinero en la política.

3.2 Se requiere una reforma constitucional para reducir el financiamiento de los partidos. Una reforma a la Constitución requiere el voto de 2/3 de ambas Cámaras y la aprobación de la mitad más uno de los Congresos Locales.

3.3 El cambio para reducir el financiamiento es viable con una nueva fórmula de cálculo. Actualmente la Constitución establece que “El financiamiento público para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes se fijará anualmente, multiplicando el número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral por el sesenta y cinco por ciento del salario mínimo diario vigente para el Distrito Federal.”[3] Mediante esa fórmula, el próximo año, los partidos recibirán cerca de 3,000 millones de pesos.

El cambio para reducir el financiamiento se podría lograr si en lugar de la redacción anterior, se dijera que “el financiamiento público para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes se fijará anualmente, multiplicando el número de votos válidos emitidos por algún partido  político o coalición en la elección federal previa por el sesenta y cinco por ciento del salario mínimo diario vigente para el Distrito Federal”. Con esta nueva fórmula, el próximo año los partidos recibirían alrededor de 1,700 millones de pesos.

Esta reducción además tendría el efecto de generar incentivos en los partidos para reducir el abstencionismo y convencer a quienes anularon su voto. (Esta nueva fórmula le da valor económico y político al voto nulo).

4. Otra propuesta: Los partidos deben ser transparentes en el manejo de los recursos y rendir cuentas.

4.1 Los partidos políticos deben ser sujetos obligados de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. Además se requiere dotar al IFAI con atribuciones como órgano garante para obligar a los partidos a cumplir la Ley. Esta reforma se complementaría otorgando la autonomía constitucional del IFAI y su atribución sobre los 3 poderes, los órganos autónomos y los partidos políticos.

4.2 Para fortalecer la fiscalización hay que dar atribuciones a la Auditoría Superior de la Federación, nombrar contralores internos y fortalecer la fiscalización del IFE. La ASF debería realizar auditorías anuales a los recursos públicos administrados por los partidos. Además los partidos deben nombrar un Contralor a partir de ternas propuestas por organismos profesionales y ciudadanos. Es importante que el IFE mantenga y fortalezca sus atribuciones de fiscalización.  Por otra parte, el exceso en gastos de campaña  debe ser causal de nulidad de la elección.

5. Una propuesta complementaria: Se deben eliminar o reducir los recursos asignados por otras fuentes a los partidos políticos

De manera complementaria se deben eliminar las partida de “acción política” y las bolsas de recursos para las fracciones parlamentarias tanto en el Congreso de la Unión como en los Congresos estatales; así como las partidas de supervisión del padrón y cualquier otra que implique transferencia de recursos a los partidos.

La legislación electoral en cada entidad debe modificarse para también reducir el financiamiento estatal a los partidos políticos y vincularlo a los “votos válidos emitidos por partidos políticos”

6. Una sugerencia más: Priorizar la Iniciativa Legislativa “Popular” o Ciudadana como una de las formas urgentes de participación ciudadana en la vida pública.

Si se logra una reforma para reconocer el derecho de la ciudadanía a presentar iniciativas legislativas, estas propuestas podrían ser presentadas de manera directa y formal por las organizaciones sus ciudadanas para su discusión en el Poder Legislativo, contando con un plazo perentorio para su dictamen y votación.

7. Una nota relevante: La reducción del tamaño de las Cámaras es viable y debe ser lograda antes de la elección de 2012, por lo cual debe analizarse detenidamente.

No es recomendable por ningún motivo eliminar la representación proporcional en la Cámara de Diputados. Eso sería un retroceso para el país y un regreso a pretensiones de uniformidad y fortalecimiento de los monopolios políticos.

Los diputados de representación proporcional pueden fortalecer la representatividad y la pluralidad política, abriendo posibilidades de mejorar la democracia representativa, sobretodo si surgen entre candidatos que hacen campaña distrital.

El número de diputados de representación proporcional podría quedar “abierto”, dejando como mínimo un número suficiente para que todos los partidos tengan el número de diputados equivalente a su votación. El número aproximado podrían ser 400.

La reducción de los Senadores podría hacerse eliminando la “lista” dado que modificó el sentido representativo de las entidades federativas en el Senado, para quedar en 96.

 

Rogelio Gómez Hermosillo M.

Septiembre 1º, 2009

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[1] Datos de Jaime Sánchez Susarrey en Reforma, Agosto 29, 2009.

[2] Fuente: IFE.

[3] Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, art. 41, fracción II, inciso a.

TRES EXIGENCIAS INMEDIATAS

Las organizaciones que convocaron a anular el voto, junto con un conjunto de personas y organizaciones comprometidas con la democracia, se han articulado aún antes del 5 de julio y han generado un espacio de coordinación y acuerdo muy plural, llamado Asamblea Nacional Ciudadana.

El martes 1º de Septiembre estos grupos -los que tienen sede en el DF y pocos que pueden llegar hasta acá- realizarán una sesión en la Cámara de Diputados (bueno, afuera de la Cámara) para deliberar y exigir las tres demandas ya consensadas el 30 de junio:

1. Ampliación del poder ciudadano, mediante el establecimiento de las formas de democracia directa como el plebiscito, el referéndum, la iniciativa legislativa y la revocación de mandato.

2. Transparencia y reducción de recursos de los partidos políticos

3. Aprobación de candidaturas ciudadanas.

Este es el primer paso para exigir al Congreso de la Unión que tome en serio el gran descontento frente al sistema político y que se abran los espacios de diálogo para dar cauce a estas y otras muchas exigencias.

Para conocer los documentos y para sumarse a estas exigencias:

Esperemos que los legisladores atiendan esta exigencia.

La maestra y su partido

La elección del 2009 puso en evidencia cómo en México, los diferentes vacíos legales han permitido que a pesar de la democratización y el pluralismo partidista, el corporativismo autoritario, continúe legitimándose desde el poder. Efectivamente, durante muchos años, el corporativismo entendido como una forma específica de representación e intermediación de intereses de un grupo determinado, junto con el clientelismo, fueron dos de los principales pilares del sistema político mexicano. Desde su creación, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) logró controlar y organizar al sector obrero, campesino y popular a través de diversas agrupaciones que le garantizaron un amplio control político y por lo tanto su permanencia en el poder. Este pacto tenía sus propias reglas de operación, dentro de las cuales se les pedía fidelidad a cambio de otorgarle a los gremios no solo prebendas sino también sus propias cuotas de poder y de representación. De esta manera, además de los liderazgos eternos e intocables al frente de las agrupaciones gremiales más importantes del país, diputados y senadores sindicales llegaban al Congreso bajo los colores del partido tricolor. Así, según Juan Reyes del Campillo, de 1979 al 2006 existieron en promedio 63 diputados sindicales.

Con la transición a la democracia, el adelgazamiento del Estado y la privatización de la mayoría de las empresas estatales, el sindicalismo campesino y obrero se debilitó enormemente al grado de ver su influencia política sumamente acotada. No sucedió así, con los nuevos gremios empresariales ni con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) el cual es, hoy en día, el más grande de América Latina al contar en sus filas a más de un millón 300 mil afiliados.

Al ser tan grande y tan diverso, el SNTE cuenta entre sus filas a agremiados de diferentes afinidades políticas. Aún así, su funcionamiento interno posee todas las características del corporativismo autoritario que le dieron vida al viejo régimen priista, a saber la organización jerárquica y cupular, la obligación de afiliación por parte de sus miembros, la toma de decisiones vertical, la falta de rendición de cuentas sobre el uso de los recursos, la falta de renovación de la dirigencia y el monopolio de la representación de los intereses. Todo esto, sin posibilidad de contrapeso alguno ya que ni siquiera las leyes de transparencia federal y estatales pueden ser usadas para que el sindicato rinda cuentas a sus agremiados puesto que solo en 3 entidades (Distrito Federal, Sonora y Michoacán) los sindicatos son sujetos obligados de transparencia.
Con estas características, hasta antes del 2006, el SNTE tenía que pasar por la intermediación de un partido político para poder obtener candidaturas y puestos de poder. Esto le fue particularmente provechoso en el 2003, cuando bajo el liderazgo de Elba Esther Gordillo logran 25 diputados sindicales arropados por el PRI. En el 2006 la ley permite que compitan por primera vez con su propio partido, el Partido Nueva Alianza (PANAL) el cual no solo logra obtener por sí mismo 9 diputaciones y 1 senador sino que el supuesto apoyo a la candidatura de Felipe Calderón Hinojosa le reditúa en cargos en la Secretaría de Educación Pública, la Lotería Nacional el ISSSTE y el FOVISSSTE.

Con la reforma del 2007, los diputados trataron de dar marcha atrás al prohibir a las agrupaciones gremiales la creación de partidos y las actividades de proselitismo electoral. Demasiado tarde para el sindicato de maestros ya que en el 2009, el SNTE y su partido, el PANAL, volvieron a repetir la fórmula de la inequidad aprovechando no solo los recursos públicos que por ley se dan a los partidos políticos sino que además pudieron apoyarse en la infraestructura humana y física que solo un sindicato como el SNTE puede ofrecer. De esta manera, Alianza Cívica observó que en los Estados de Sonora, Estado de México, Nuevo León y Coahuila, el PANAL y sus aliados se apoyaron en la red de maestros para operaciones como la pirámide de 10 (llevar al menos 10 personas a votar), las brigadas comunitarias y el desarrollo de “rutas” (apoyarse en delegados, comisionados, inspectores y directores de escuela) lo cual le dio 8 diputados federales y varias victorias a nivel local. Si a esto se agregan los puestos de poder y de representación que el sindicato obtiene con los demás partidos y gobiernos estatales por las vías de mediación y presión tradicional tenemos que lejos de favorecer la equidad, la pluralidad y la democracia, las “reglas del juego” y la complicidad partidista han propiciado que el corporativismo autoritario no solo se mantenga sino que se siga fortaleciendo desde el poder.

Hay 3 aspirantes para la CDHDF

Abigail Cruz y Fernando Ríos

Ciudad de México.- La Comisión de Derechos Humanos en la Asamblea Legislativa informó que oficialmente se han registrado tres aspirantes al cargo de titular de la Comisión de Derechos Humanos del DF (CDHDF), luego de que el pasado domingo salió la convocatoria.

José Antonio Zepeda, vicepresidente de dicha comisión legislativa, informó que entre los aspirantes se encuentran: Ricardo Hernández Forcada, Jorge Humberto Carreto Siller y Patricia Colchero Aragonés, esta última fue promovida por 30 organizaciones defensoras de derechos humanos.

En entrevista, aseguró que el plazo para que se registren los aspirantes a dicho cargo vence el 11 de agosto, y dos días después dicha comisión legislativa publicará la lista de los candidatos para que los capitalinos puedan opinar sobre sus perfiles y dar su punto de vista de cada uno de ellos.

Indicó que, posteriormente, la lista será entregada a la Comisión Instaladora de la Asamblea Legislativa, la cual la entregará a la Comisión de Gobierno de la Quinta Legislatura.

Mencionó que luego de lanzarse la convocatoria, el proceso no puede politizarse porque está bien resguardado.

Reiteró que el perfil para ocupar la presidencia de la CDHDF es que la persona tenga conocimientos y experiencia en la promoción, defensa y difusión de los derechos humanos, así como en seguridad y administración pública, por que éstos son los rubros en los que más violaciones a los derechos humanos se cometen.

Los aspirantes deberán de entregar a la Asamblea Legislativa un documento en el que expliquen las razones de porqué quieren ocupar ese cargo, y adjuntar su curriculum vitae, por lo que los diputados salientes sólo "revisaremos que los candidatos cumplan con los requisitos de elegibilidad para poder publicar la lista, y corresponderá a la Quinta Legislatura nombrar al nuevo presidente de la CDHDF el 30 de septiembre, fecha en que concluye el periodo de Emilio Álvarez Icaza.

Confió en que las diversas organizaciones de derechos humanos, desde una visión diferente, presenten a sus candidatos, y exclamó que hace ocho años el número de aspirantes que se registró fue de 40, por lo que piensa que en el actual proceso el número pueda disminuir, pero las personas que se registrarán serán de todos los ámbitos, como académicos, organizaciones no gubernamentales, de la sociedad civil, investigadores y especialistas en el tema.

Ricardo Hernández Forcada, director del Programa VIH Sida en la Comisión Nacional de Derechos Humanos además se ha desempeñado como académico impartiendo materias en Filosofía.

Jorge Humberto Carreto Siller, fundador del Frente Mexicano en Pro de los Derechos Humanos, cuenta con la maestría en educación para la salud, trabajo, perinatal y estimulación temprana, diplomado en justicia y derechos humanos.

Patricia Colchero Aragonés cuenta con antecedentes de formación y participación activa en la Alianza Cívica y en la Segunda Visitaduría General de la CDHDF, donde estuvo a cargo de la investigación de violaciones a los derechos humanos de las personas privadas de la libertad, entre otras labores.

Además cuenta con un proyecto alternativo para el sistema penitenciario, mismo que ha sido apoyado y avalado por la Comisión de Derechos Humanos de la ALDF.

Finalmente, Gerardo Sauri anunció que se registraría para ser nombrado ombudsman y advirtió sobre el resurgimiento de políticas que restringen o vulneran el respeto a los derechos humanos.

Suman cuatro los candidatos para presidir la CDHDF

Son Patricia Colchero, Gerardo Sauri, Luis González y Édgar Corte

A los nombres de Patricia Colchero y Gerardo Sauri para suceder a Emilio Álvarez Icaza al frente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) se suman los de Luis González Plascencia y Édgar Cortez.

Los dos primeros son apoyados por un colectivo de más de 30 organizaciones de la sociedad civil, con la premisa de que quien sea elegido continuará con el modelo de gestión de la actual administración.

González Plascencia –quien al igual que Colchero forma parte del equipo del actual ombudsman capitalino– cuenta con el apoyo de instituciones académicas y de promoción social. En su carácter de tercer visitador, Luis González coordinó las indagatorias que derivaron en la recomendación por el caso News Divine y es reconocido por sus investigaciones en política penitenciaria, de seguridad pública y la situación de los jóvenes en conflicto con la ley penal.

En tanto que el secretario ejecutivo de la red Todos los derechos para todas y todos, Édgar Cortez, es promovido por organizaciones dedicadas a la defensa de las garantías individuales. En algunas ocasiones, Cortez ha discrepado con el sentido de las determinaciones de la CDHDF, como fue el caso de la recomendación referente al plantón en Reforma, donde consideró que el organismo autónomo no logró mantener una mirada integral de las garantías individuales al favorecer, en los hechos, el derecho al libre tránsito sobre el de manifestación.

Entre las organizaciones que manifestaron su apoyo a Colchero y Sauri se encuentran el Centro Nacional de Comunicación Social, Servicios para la Juventud, Infancia Común, Alianza Cívica, el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, El Caracol y Marabunta. Estos grupos también se han pronunciado por que el proceso de elección sea transparente.

De acuerdo con la convocatoria emitida por la Asamblea Legislativa cada organización puede firmar en favor de una sola propuesta, por lo que el acuerdo del colectivo fue proponer en conjunto a ambos candidatos y dejar a elección de cada una la posibilidad de pronunciarse por alguien en específico.

A partir de este viernes entrarán en vigor las renuncias presentadas por González Plascencia y Patricia Colchero a la CDHDF.

Ayer por la mañana, Gerardo Sauri se convirtió en el primer candidato que da a conocer, en conferencia de prensa, su plataforma de propuestas.

El director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México explicó que su propuesta se basa en las fortalezas derivadas del modelo de gestión que tiene actualmente la comisión.

Sauri, quien desde 1982 trabaja con niños en situación de calle y formó parte del grupo fundador de Educación con el Niño Callejero, explicó que su propuesta tiene tres aspectos fundamentales: la relación estratégica con las víctimas de violaciones a sus derechos; la búsqueda de la implementación y evaluación del Programa de Derechos Humanos del DF y la adecuación del modelo de gestión a los escenarios venideros.

Soy una persona sin vínculos con partidos políticos, mi relación fundamental es con todas estas organizaciones promotoras y defensoras de los derechos humanos. Mi candidatura no es de alguien que ha estado en puestos de función pública, señaló.

El próximo titular de la comisión debe ser autónomo, señalan

Activistas piden no entregar la CDHDF a grupos de interés político

Raúl Llanos y Ángel Bolaños

Una treintena de organizaciones relacionadas con la defensa y promoción de los derechos humanos pidieron a la Asamblea Legislativa (ALDF) que no entreguen la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) a un grupo de intereses políticos, eligiendo a un presidente a modo.

En el contexto del proceso que arrancó el pasado domingo para sustituir al ombudsman capitalino, Emilio Álvarez Icaza, los representantes de organizaciones como Alianza Cívica, Cencos, Incide Social, Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vittoria y Propuesta Cívica remarcaron en conferencia de prensa que se debe elegir a una persona autónoma, dialogante, incluyente y comprometida con la defensa y protección de las víctimas.

En cuanto a las inquietudes expresadas en los días recientes tanto por Álvarez Icaza como por integrantes del consejo de la CDHDF y organizaciones no gubernamentales en torno al proceso de renovación, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la ALDF, Juan Bustos, señaló que en lo que le corresponde a esta cuarta legislatura está garantizada la transparencia y la apertura, por lo que les pidió hacer a un lado cualquier suspicacia.

En cuanto a los candidatos inscritos para presidir la CDHDF, dijo que hasta ahora van dos: Jorge Alberto Carreto Schiller y Ricardo Hernández Forcada, quien es director del Programa de VIH/Sida de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

A ellos se sumarán las dos propuestas que hicieron ONGs integradas en el Grupo-Relevos 2009: Gerardo Sauri, actual director de la Red por los Derechos de la Infancia, y Patricia Colchero, funcionaria de la CDHDF.

Otro de los interesados en participar es el actual magistrado del Tribunal Electoral del Distrito Federal, Alejandro Delint García, quien fue primer y segundo visitador de la comisión, pero que estaría imposibilitado de tomar parte en el proceso.

"Pagamos una burocracia electoral onerosa; da resultados insatisfactorios"

Jaime Avilés

Expertos en cuestiones electorales como los ex consejeros ciudadanos Jesús Cantú y Eduardo Huchim, así como dirigentes de organizaciones no gubernamentales como Clara Jusidman (Incide), Lourdes Morales (Alianza Cívica) y Guillermo Noriega (Sonora Ciudadana) calificaron de insultantes, inmorales, abusivos, excesivos y violatorios de toda ética pública los ingresos de 4 millones de pesos anuales de los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

María del Carmen Alanís Figueroa, presidenta del organismo, gana 50 por ciento más que el presidente de la Suprema Corte de Canadá y 30 por ciento más que el de la Corte de Estados Unidos, esto, en una economía como la nuestra que es mucho menor que la de esos países y donde tenemos millones de personas en pobreza extrema, puntualizó el escritor y periodista Huchim, ex consejero ciudadano del Instituto Electoral del Distrito Federal.

Los sueldos de los magistrados, añadió, explican por qué el TEPJF necesita un presupuesto de mil 998 millones de pesos al año, a los que debemos añadir los 12 mil millones que se llevan el Instituto Federal Electoral (IFE) y los partidos políticos. Es una barbaridad que un proceso electoral cueste 14 mil millones de pesos.

¿La calidad de su trabajo vale lo que se les paga a los magistrados?, se preguntó por su parte Clara Jusidman, presidenta de Iniciativa Ciudadana y Desarrollo Social (Incide) e integrante del Comité conciudadano para la reforma electoral. ¿El costo-beneficio de lo que cuestan se justifica por lo que hacen? Y luego está el tema del engaño, la simulación, la opacidad. ¿Se merecen esos salarios? Los magistrados protegen a quienes violan la ley, es decir, a los partidos, a los políticos, a las televisoras, y su conducta forma parte de la enorme injusticia social, que es causa de la violencia que sufre el país.

En el mismo sentido se pronunció la doctora Lourdes Morales Canales, directora de Alianza Cívica, al señalar que pagamos una burocracia electoral demasiado onerosa, que da resultados insatisfactorios a la ciudadanía en un contexto de profunda desigualdad social, y genera aberraciones como la sentencia de Iztapalapa o el caso del Verde Ecologista.

En cuanto a ese partido, ilustró Huchim, donde todos vimos propaganda electoral indebida (en los cines y una telenovela), el tribunal no la vio. Y si tomamos en cuenta que Manlio Fabio Beltrones tiene ascendencia sobre el tribunal (por su relación con María del Carmen Alanís) y sabemos que su yerno fue candidato por el Verde, ha lugar a la sospecha de que el tribunal le perdonó una multa de 20 millones de pesos a ese instituto político.

Como en 2010 entrará en vigor la Ley de Salarios Máximos, que prohíbe a los ministros de la Suprema Corte y a los magistrados del TEPJF ganar más que el titular del Ejecutivo federal, para ellos 2009 es el año de Hidalgo y se están despachando con la cuchara grande, porque el año próximo ya no podrán recibir bonos y se limitarán sus percepciones extraordinarias, auguró el ex consejero ciudadano del IFE Jesús Cantú.

Siempre he sostenido que los funcionarios públicos deben recibir una justa retribución por sus servicios profesionales, pero en este caso concreto estamos ante un franco abuso, porque los magistrados perciben estos salarios insultantes mientras se aplica una reducción de 50 mil millones de pesos al presupuesto y se van a recortar los programas sociales, enfatizó Cantú.

En un contexto de crisis financiera como el que tenemos en México, los ingresos de los magistrados violan todo principio de ética pública. No se puede aceptar que los funcionarios se sirvan del presupuesto de esta manera, y menos en la situación en que se encuentra el país. Como ciudadanos debemos presionar para que el Congreso ponga fin a esta clase de abusos. Estoy seguro de que cuando la democracia deje de ser un jugoso negocio, vamos a conocer a los verdaderos demócratas, vaticinó, vía telefónica desde Hermosillo, Guillermo Noriega, presidente de Sonora Ciudadana, una ONG afiliada a la Red Latinoamericana de Institutos de Combate a la Corrupción y quien, hace unos años, destapó el tangagate de Jorge Serrano Limón, director de ProVida.

Para la doctora Morales Canales, egresada de la Escuela de Ciencias Sociales de la Sorbona de París, la ineficiencia del TEPJF ha sido demostrada por una serie de estudios de caso del Instituto de Investigaciones Jurídicas, trabajo que estuvo a cargo del también doctor Kristian Bernal –asesinado el pasado jueves en la colonia Roma, aparentemente durante un asalto– y por el Comité conciudadano para la reforma electoral, que analiza 16 casos que el IFE y el tribunal se han estado pasando, de una instancia a otra, como pelotas de ping-pong, para no resolverlos.

La directora de Alianza Cívica puntualiza: en un país donde 35 por ciento de la población carece de lo indispensable para comer, es inaceptable que los magistrados del tribunal electoral ganen estos sueldos y den a la sociedad un servicio tan deficiente.

Para Eduardo Huchim, excepto el magistrado José Alejandro Luna Ramos, todos los demás miembros de la Sala Superior del TEPJF son elegibles para incorporarse como ministros a la Suprema Corte, que este año tendrá dos vacantes. A mí, la verdad, me da escalofrío pensar que alguno de ellos pudiera llegar a la Corte, pero no sólo eso, me parece que ninguno tiene méritos para calificar las elecciones de 2012, sobre todo después de ver cómo actuaron durante el proceso de 2009.

Fernando Carrión es arquitecto y maestro en desarrollo urbano y regional. Dirige el Programa de Estudios de la Ciudad de Flacso, sede Ecuador. Sus áreas de especialización son los centros históricos, la seguridad ciudadana, las políticas urbanas, fútbol, planificación y vivienda, entre otros.

Escuche en el siguiente audio su posición frente a algunos de estos temas, desarrollados en la conferencia inaugural del seminario Prácticas culturales para mejores ciudades.


Fernando Carrión

Transformación de Conflictos

Desde hace un año, Alianza Cívica está trabajando la metodología de Transformación de Conflictos de Lederach para reducir la inseguridad ciudadana en la colonia Miravalle de la Delegación Iztapalapa.
Partimos de la idea que el conflicto entre las propias identidades juveniles, los vecinos de la colonia y la policía comunitaria es causa de la falta de reconocimiento y respeto mutuo entre estos actores. Nadie reconoce los intereses de cada grupo lo que fomenta una cultura de intolerancia en la cual no aprendemos a respetar y a vivir con el otro. La falta de espacio público en la comunidad enfatiza esta problemática impidiendo a los vecinos apropiarse de la colonia y crear una identidad comunitaria, donde desarrollan actividades en conjunto. Creemos que es indispensable apoyar los esfuerzos de desarrollo comunitario y crear una cultura ciudadana. Por eso, hemos participado e impulsado un espacio de diálogo en el cual, los actores locales pueden expresar sus opiniones y los avances de los proyectos desarrollados en la comunidad.
Anna Laure Francois.

México, pobreza social y pobreza política.

Rogelio Gómez Hermosillo.
Hablar de pobreza es polémico y hablar de pobreza es importante.
Resulta políticamente correcto hablar de combatir la pobreza, superar la pobreza y resulta un cliché en el debate político achacar al adversario de cada quien la responsabilidad o la culpa de la pobreza.
Los políticos usan la pobreza (los datos, la información, el concepto, en fin, lo que sea) como discurso.

Y sin embargo, en México hay muchas ciudadanas y ciudadanos auténticamente interesados, preocupados, concientes de la necesidad de "hacer algo" para reducir la pobreza, que estarían dispuestos "a hacer algo" para mejorar las condiciones de vida de los pobres, y que aplaudirían a quienes se decidan a actuar con firmeza frente a la pobreza.


Estas personas, son gente "normal", no pertenecen a partidos políticos y no pretenden cambiar al mundo. Más bien, son personas deseosas de encontrar formas de actuar viables, a su alcance y efectivas a favor del desarrollo incluyente, a favor de acciones, proyectos y programas que generen soluciones que sí funcionen frente a la pobreza.

Si tu eres una de esas personas. Aquí -pronto- vas a encontrar información y datos que ayuden a comprender mejor la realidad de la pobreza en México, y también información y datos sobre lo que el gobierno y la sociedad está haciendo para reducir la pobreza o superarla.

El tema es polémico, hay mucha filosofía, mucha ideología y mucha carga emocional al hablar de pobreza, pero lo más grave es que los políticos sólo lo aprovechan como tema de discurso.

Nosotros no tenemos la solución única y verdadera. No pretendemos tener una varita mágica o ser poseedores de la verdad absoluta.

Queremos compartir información y datos. Datos e información. Información seria. Datos duros. Verificables. De fuentes confiables. No anécdotas o chismes. No amarillismo o escándalo. Datos.
Por ejemplo: ¿Cómo se mide la pobreza en México y para qué sirve eso?

O, por ejemplo: ¿Cuál es la cobertura de las campañas de vacunación en cada uno de los estados y municipios del país? Y hasta aquí lo dejamos, alguien podrá preguntar, ¿qué tiene que ver la vacunación con la pobreza? Eso lo trataremos de explicar -con datos, con información- más adelante.


Por ahora, esperamos recibir respuestas a la siguiente pregunta: ¿Pueden los ciudadanos hacer algo para que haya menos pobreza en México?

Clientelas infieles y voto duro

Lourdes Morales Canales
MÉXICO, D.F., 20 de julio (apro).- En la sede del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) se presentaron, hace unos días, resúmenes muy breves sobre los principales hallazgos que hicieron las 26 organizaciones que observaron las elecciones del pasado 5 de julio, con el auspicio del Fondo de Apoyo para la Observación Electoral.

Dicho fondo fue creado por el gobierno mexicano en 1994, año en el que por primera vez se reconoció jurídicamente la figura del observador electoral, con la idea y la urgente necesidad, después de 1988, de darle mayor legitimidad, credibilidad y participación ciudadana a la elección.

Desde entonces hasta ahora, cada que hay elecciones federales, este fondo se somete a concurso y es administrado por el PNUD bajo la supervisión de un Comité Técnico de Evaluación autónomo.

Para la elección del pasado domingo 5 se destinó un monto de 21 millones 837 mil 758 pesos para proyectos de observación electoral. Y en varios de los informes, que implicaron el seguimiento de todas las etapas del proceso electoral en estados con y sin elecciones coincidentes, fue constante la mención sobre prácticas de acarreo, violación de la secrecía del voto, manipulación, compra y coacción del voto por parte de diversas fuerzas políticas, pero en particular PRI-PVEM, PAN y PRD.

La distribución de la participación electoral en el país muestra, en primer lugar, el efecto "de arrastre" en siete de los 11 estados con elecciones coincidentes, ya que a pesar del previsible abstencionismo, Campeche, Colima, Estado de México, Morelos, Nuevo León, Querétaro y San Luis Potosí aumentaron de dos a cinco puntos porcentuales su participación electoral con respecto a 2003.

En segundo lugar, se trata de la geografía del voto nulo, ya que tal y como se había previsto, este fenómeno se presentó de manera más importante en entidades con fuerte concentración urbana y acceso diverso a medios de comunicación.

Las variaciones más importantes con respecto a 2003 se presentaron en el Distrito Federal (10.8%), Aguascalientes (7.8%), San Luis Potosí (7.5%), Tlaxcala (6.5%) y Jalisco (5.3%), mientras que en el resto del país la variación con respecto a 2003 fue de apenas un punto porcentual.

Finalmente, el fenómeno Estado de México fue determinante en la distribución de la participación, ya que a diferencia del año mencionado, esta entidad, que concentra el padrón electoral más importante del país (10 millones 056 mil 818 electores), tuvo elecciones locales en la misma fecha que las federales. ¿Qué hay detrás de esta participación?

Los informes de observación muestran la forma en la que los partidos políticos destinan recursos que provienen del erario para la compra del voto. Sin embargo, mientras se reprueban las acciones de los partidos, pocos se centran en la existencia de una cultura política enraizada en los votantes, producto de la relación con las instituciones, la cual no sólo hace que estas prácticas continúen y proliferen, sino que además modifican de raíz el sentido del voto. Es decir, se toma el punto de vista del patrón y casi no se analiza el punto de vista del cliente.

México no es exclusivo de este tipo de prácticas y tampoco se puede decir que sólo suceden en democracias poco consolidadas. Sin embargo, las formas de articulación con los partidos políticos y con el poder sí tienen que ver con los niveles de desarrollo institucional, educativo y político.

Por ejemplo, en Filipinas el vínculo del utang na loob (deuda de agradecimiento) ha sido señalada como una práctica cultural mediante la cual los votantes de zonas poco favorecidas se sienten en deuda con aquéllos candidatos, pero sobre todo con los líderes locales que logran intermediar obras y servicios en beneficio de la comunidad.

De igual forma, en Benin el pluralismo partidista ha hecho de la elección un momento de negociación en donde, bajo la promesa del voto mayoritario, líderes locales negocian todo aquello que el presupuesto y la maltrecha descentralización africana no logra cubrir para los habitantes.

En México, lo que ha generado el clientelismo es un encarecimiento acelerado del costo del voto y una desvinculación de los ciudadanos con los asuntos públicos. Es cada vez más escaso el valor que se le da al voto como vía de elección de representantes, pero sobre todo como único mecanismo que contamos para sancionar o premiar de manera directa el desempeño de las administraciones.

En contraparte, nos encontramos frente a un escenario en donde, entre más competencia, más oferta y, por lo tanto, más costo y pragmatismo electoral. Esto explica la falta de quejas y denuncias presentadas ante los consejos locales electorales durante la elección 2009: de 755 quejas, sólo nueve están vinculadas a actos de compra, coacción del voto y utilización de programas sociales.

Partidos políticos, empresarios, sindicatos y ciudadanos en general se vuelven cómplices y parte de una misma cultura en donde los recursos se gastan inútilmente en una corta y costosa transacción.

Por otro lado, también estamos frente a un cambio repentino de conformación en las zonas anteriormente caracterizadas como de "voto duro" (o voto claramente definido por una fuerza política).

Sólo para tener una referencia: en 2006, de los 300 distritos electorales, 201 eran de "voto duro", es decir, tuvieron márgenes de diferencia entre el primero y el segundo lugar, en elección para diputados, superiores al 10%, mientras que en 2009 esta cifra se redujo a sólo 170 distritos.

En estos, además, el voto mayoritario fue por un partido diferente al que se votó en 2006. Los casos de Iztapalapa en el Distrito Federal; Poza Rica en Veracruz; Cuautitlán y Huixquilucan en el Estado de México; Cuernavaca en Morelos, y Pachuca en Hidalgo, nos hacen pensar que la noción de voto duro ya no es estable.

Las clientelas políticas son cada vez más infieles y cada vez más utilitaristas y caras para todos: La mercantilización de la elección hace de ésta un ritual que se aleja cada vez más de los ideales democráticos. Sin duda, eso explica los gobiernos y representantes que tenemos.

Después del voto nulo . . .

Demandas ciudadanas

La Asamblea Nacional por el Voto Nulo acordó el 30 de junio impulsar tres demandas ciudadanas para dar mayor poder y participación a la ciudadanía en los asuntos públicos:

1. Establecer en las leyes los mecanismos de democracia directa como el plebiscito, el referéndum, la revocación de mandato y la iniciativa legislativa popular.
   
2. Reducir el financiamiento público a los partidos políticos y obligarlos a mayor transparencia y rendición de cuentas
   
3. Posibilitar las candidaturas ciudadanas independientes 
   

Este primer acuerdo fue un gran triunfo dada la pluralidad política y la diversidad de experiencias, aspiraciones y trayectorias de las personas, grupos y organizaciones que participaron en esa Asamblea.

Como un siguiente paso, la Asamblea Nacional Ciudadana realizada el sábado pasado (18 de julio) en Guadalajara, avanzó en la configuración del movimiento como una red, horizontal, plural, abierta y en la importancia de darle articulación combinando los medios cibernéticos y la difusión directa en espacios públicos.

Se decidió generar espacios de deliberación "interna" para clarificar las tres demandas de manera muy participativa y se acordó impulsar que las propuestas lleguen al Legislativo para que se incluya en la agenda nacional mediante un proceso amplio y abierto de deliberación, abierta a la ciudadanía.

Son pasos iniciales. Todavía falta por avanzar, sin embargo, poco a poco se va configurando el rostro de un movimiento plural, exigente e innovador, con amplia participación juvenil, que puede hacer la diferencia en el corto, pero sobretodo, en el mediano y largo plazo para la renovación de nuestra vida pública y la ampliación de los derechos democráticos.

 

Julio 20, 2009

Representación sin equidad

Lourdes Morales Canales

La crisis de la representación que se vive entre ciudadanos y miembros del Congreso tiene otra de sus expresiones en la representatividad que tendrán las mujeres en la cámara baja y en el acceso de éstas a puestos de elección popular. Aún y cuando hay más mujeres que hombres en el país y que el padrón electoral está actualmente integrado por un 48.2% de hombres y un 51.7% de mujeres, pocas han sido las que logran librar las barreras culturales, sociales y políticas para acceder al poder.
Existen diversos mecanismos para propiciar una mayor representación de las mujeres y/o de grupos que han sido, por diversas causas, excluidos históricamente del ejercicio de derechos políticos (participación, representación, asociación). Uno de ellos son las disposiciones jurídicas mediante leyes concretas, o la creación de instituciones específicas. En los sistemas electorales, el más común, es la creación de cuotas partidistas.
El actual Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE) establece diversos lineamientos para garantizar un piso mínimo que favorezca la equidad de género tanto en las dirigencias partidistas como en las candidaturas (mínimo el 40%). Asimismo, algunos partidos políticos reformaron sus estatutos para incorporar una cuota de género y el PRI y el PRD establecieron que la equidad sería del 50% en las candidaturas ¿Qué pasó? Tras la elección del 2009, solo 52 mujeres fueron electas en los 300 distritos electorales federales (16 del PAN, 25 del PRI, 6 del PRD y 5 de la coalición PRI-PVEM). Esto representa solamente el 17% lo cual constituye un avance de apenas un punto porcentual con respecto a la legislatura anterior en la cual fueron electas por la vía directa 49 mujeres. Si a esto le agregamos el número de mujeres que ocupan un lugar en el Senado, tenemos que solamente 23 mujeres de 128, es decir, el 18% mantienen una curul. Sin duda, a estos porcentajes habría que agregar a las mujeres que quedarán electas por la vía de la representación proporcional. Sin embargo, no deja de llamar la atención cómo es que los partidos políticos decidieron cuáles distritos tendrían como candidatas a mujeres y cuáles no ya que si realmente respetaron la proporcionalidad del 50%, pareciera que a algunas mujeres las dejaron en los distritos en los que sabían que iban a perder.
La representación-espejo descrita por Mirabeau, en la cual el Congreso debía de ser el reflejo exacto de la nación, no garantiza tampoco que los representantes electos por criterios culturales y de género (indígenas, homosexuales, mujeres, sindicalistas) deben representar mejor los intereses de ciertos grupos, pero si se espera que sean más sensibles a ciertos temas y que al menos el Estado, si cumple su función de inclusión, garantice su adecuada participación. Aún así, como bien señala el proyecto de observación de la organización “Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad” del universo de mujeres electas en la LXI legislatura, hay que indagar y conocer las trayectorias y perfiles para ver si realmente podrán establecer alguna agenda común con las organizaciones y grupos de mujeres que han luchado a contracorriente por temas tan necesarios como los derechos reproductivos, la disminución de la mortalidad materna y la despenalización del aborto.
Los enemigos de la paridad por mandato, sostienen que la creación de cuotas o el trato diferenciado es en sí una injusticia frente al grupo dominante ya que nada garantiza por ejemplo que una mujer pueda representar mejor a las mujeres o bien, que al facilitarle el acceso a puestos de elección popular, tendrá más capacidades que un hombre. Sin embargo, es un hecho que no se puede tratar igual a los desiguales y que en México, la participación y representación política de las mujeres presenta un rezago alarmante. En el Reporte sobre el índice global sobre disparidad de género presentado este año en el Foro Económico Mundial de Davos se puede leer que de una muestra de 128 países considerados con regímenes democráticos, México pasó del lugar 75 en 2006 al lugar 97 en 2008 con respecto a la disparidad de género. El índice toma en consideración aspectos vinculados a acceso a la política, a la salud, a la educación y a la economía. México se encuentra después de países con menos niveles de desarrollo y en donde se han librado luchas y enfrentamientos sangrientos por el reconocimiento de derechos de las mujeres indígenas como Bolivia, Bangladesh, Zimbawe y Cambodia. Las causas de esta disparidad no solo son estructurales, por el nivel de educación y la participación en el mercado laboral, sino que también son culturales por el rol de género pre-asignado a las mujeres y los patrones de comportamiento reproducidos desde el hogar hasta las escuelas. A estas formas de discriminación habría que agregar además las institucionales en donde se combinan formas sutiles y brutales de discriminación como lo es el que las mujeres reciban menos remuneración que los hombres aunque hagan el mismo trabajo o el papel que se les asigna. Sin duda, el 2009 deja a los partidos políticos en medio de una crisis de la representación que muestra que las medidas tomadas hasta ahora, no han sido lo suficientemente eficaces para lograr mayor paridad en la representación. Solo la ciudadanización de la agenda de la LXI legislatura mostrará si los diputados desean o no legislar para un electorado escéptico, anulista en las zonas metropolitanas y poco representado en lo que se refiere al acceso de las mujeres a los puestos de representación popular.

julio 2009