Representación sin equidad

Lourdes Morales Canales

La crisis de la representación que se vive entre ciudadanos y miembros del Congreso tiene otra de sus expresiones en la representatividad que tendrán las mujeres en la cámara baja y en el acceso de éstas a puestos de elección popular. Aún y cuando hay más mujeres que hombres en el país y que el padrón electoral está actualmente integrado por un 48.2% de hombres y un 51.7% de mujeres, pocas han sido las que logran librar las barreras culturales, sociales y políticas para acceder al poder.
Existen diversos mecanismos para propiciar una mayor representación de las mujeres y/o de grupos que han sido, por diversas causas, excluidos históricamente del ejercicio de derechos políticos (participación, representación, asociación). Uno de ellos son las disposiciones jurídicas mediante leyes concretas, o la creación de instituciones específicas. En los sistemas electorales, el más común, es la creación de cuotas partidistas.
El actual Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE) establece diversos lineamientos para garantizar un piso mínimo que favorezca la equidad de género tanto en las dirigencias partidistas como en las candidaturas (mínimo el 40%). Asimismo, algunos partidos políticos reformaron sus estatutos para incorporar una cuota de género y el PRI y el PRD establecieron que la equidad sería del 50% en las candidaturas ¿Qué pasó? Tras la elección del 2009, solo 52 mujeres fueron electas en los 300 distritos electorales federales (16 del PAN, 25 del PRI, 6 del PRD y 5 de la coalición PRI-PVEM). Esto representa solamente el 17% lo cual constituye un avance de apenas un punto porcentual con respecto a la legislatura anterior en la cual fueron electas por la vía directa 49 mujeres. Si a esto le agregamos el número de mujeres que ocupan un lugar en el Senado, tenemos que solamente 23 mujeres de 128, es decir, el 18% mantienen una curul. Sin duda, a estos porcentajes habría que agregar a las mujeres que quedarán electas por la vía de la representación proporcional. Sin embargo, no deja de llamar la atención cómo es que los partidos políticos decidieron cuáles distritos tendrían como candidatas a mujeres y cuáles no ya que si realmente respetaron la proporcionalidad del 50%, pareciera que a algunas mujeres las dejaron en los distritos en los que sabían que iban a perder.
La representación-espejo descrita por Mirabeau, en la cual el Congreso debía de ser el reflejo exacto de la nación, no garantiza tampoco que los representantes electos por criterios culturales y de género (indígenas, homosexuales, mujeres, sindicalistas) deben representar mejor los intereses de ciertos grupos, pero si se espera que sean más sensibles a ciertos temas y que al menos el Estado, si cumple su función de inclusión, garantice su adecuada participación. Aún así, como bien señala el proyecto de observación de la organización “Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad” del universo de mujeres electas en la LXI legislatura, hay que indagar y conocer las trayectorias y perfiles para ver si realmente podrán establecer alguna agenda común con las organizaciones y grupos de mujeres que han luchado a contracorriente por temas tan necesarios como los derechos reproductivos, la disminución de la mortalidad materna y la despenalización del aborto.
Los enemigos de la paridad por mandato, sostienen que la creación de cuotas o el trato diferenciado es en sí una injusticia frente al grupo dominante ya que nada garantiza por ejemplo que una mujer pueda representar mejor a las mujeres o bien, que al facilitarle el acceso a puestos de elección popular, tendrá más capacidades que un hombre. Sin embargo, es un hecho que no se puede tratar igual a los desiguales y que en México, la participación y representación política de las mujeres presenta un rezago alarmante. En el Reporte sobre el índice global sobre disparidad de género presentado este año en el Foro Económico Mundial de Davos se puede leer que de una muestra de 128 países considerados con regímenes democráticos, México pasó del lugar 75 en 2006 al lugar 97 en 2008 con respecto a la disparidad de género. El índice toma en consideración aspectos vinculados a acceso a la política, a la salud, a la educación y a la economía. México se encuentra después de países con menos niveles de desarrollo y en donde se han librado luchas y enfrentamientos sangrientos por el reconocimiento de derechos de las mujeres indígenas como Bolivia, Bangladesh, Zimbawe y Cambodia. Las causas de esta disparidad no solo son estructurales, por el nivel de educación y la participación en el mercado laboral, sino que también son culturales por el rol de género pre-asignado a las mujeres y los patrones de comportamiento reproducidos desde el hogar hasta las escuelas. A estas formas de discriminación habría que agregar además las institucionales en donde se combinan formas sutiles y brutales de discriminación como lo es el que las mujeres reciban menos remuneración que los hombres aunque hagan el mismo trabajo o el papel que se les asigna. Sin duda, el 2009 deja a los partidos políticos en medio de una crisis de la representación que muestra que las medidas tomadas hasta ahora, no han sido lo suficientemente eficaces para lograr mayor paridad en la representación. Solo la ciudadanización de la agenda de la LXI legislatura mostrará si los diputados desean o no legislar para un electorado escéptico, anulista en las zonas metropolitanas y poco representado en lo que se refiere al acceso de las mujeres a los puestos de representación popular.

julio 2009