Dicho fondo fue creado por el gobierno mexicano en 1994, año en el que por primera vez se reconoció jurídicamente la figura del observador electoral, con la idea y la urgente necesidad, después de 1988, de darle mayor legitimidad, credibilidad y participación ciudadana a la elección.
Desde entonces hasta ahora, cada que hay elecciones federales, este fondo se somete a concurso y es administrado por el PNUD bajo la supervisión de un Comité Técnico de Evaluación autónomo.
Para la elección del pasado domingo 5 se destinó un monto de 21 millones 837 mil 758 pesos para proyectos de observación electoral. Y en varios de los informes, que implicaron el seguimiento de todas las etapas del proceso electoral en estados con y sin elecciones coincidentes, fue constante la mención sobre prácticas de acarreo, violación de la secrecía del voto, manipulación, compra y coacción del voto por parte de diversas fuerzas políticas, pero en particular PRI-PVEM, PAN y PRD.
La distribución de la participación electoral en el país muestra, en primer lugar, el efecto "de arrastre" en siete de los 11 estados con elecciones coincidentes, ya que a pesar del previsible abstencionismo, Campeche, Colima, Estado de México, Morelos, Nuevo León, Querétaro y San Luis Potosí aumentaron de dos a cinco puntos porcentuales su participación electoral con respecto a 2003.
En segundo lugar, se trata de la geografía del voto nulo, ya que tal y como se había previsto, este fenómeno se presentó de manera más importante en entidades con fuerte concentración urbana y acceso diverso a medios de comunicación.
Las variaciones más importantes con respecto a 2003 se presentaron en el Distrito Federal (10.8%), Aguascalientes (7.8%), San Luis Potosí (7.5%), Tlaxcala (6.5%) y Jalisco (5.3%), mientras que en el resto del país la variación con respecto a 2003 fue de apenas un punto porcentual.
Finalmente, el fenómeno Estado de México fue determinante en la distribución de la participación, ya que a diferencia del año mencionado, esta entidad, que concentra el padrón electoral más importante del país (10 millones 056 mil 818 electores), tuvo elecciones locales en la misma fecha que las federales. ¿Qué hay detrás de esta participación?
Los informes de observación muestran la forma en la que los partidos políticos destinan recursos que provienen del erario para la compra del voto. Sin embargo, mientras se reprueban las acciones de los partidos, pocos se centran en la existencia de una cultura política enraizada en los votantes, producto de la relación con las instituciones, la cual no sólo hace que estas prácticas continúen y proliferen, sino que además modifican de raíz el sentido del voto. Es decir, se toma el punto de vista del patrón y casi no se analiza el punto de vista del cliente.
México no es exclusivo de este tipo de prácticas y tampoco se puede decir que sólo suceden en democracias poco consolidadas. Sin embargo, las formas de articulación con los partidos políticos y con el poder sí tienen que ver con los niveles de desarrollo institucional, educativo y político.
Por ejemplo, en Filipinas el vínculo del utang na loob (deuda de agradecimiento) ha sido señalada como una práctica cultural mediante la cual los votantes de zonas poco favorecidas se sienten en deuda con aquéllos candidatos, pero sobre todo con los líderes locales que logran intermediar obras y servicios en beneficio de la comunidad.
De igual forma, en Benin el pluralismo partidista ha hecho de la elección un momento de negociación en donde, bajo la promesa del voto mayoritario, líderes locales negocian todo aquello que el presupuesto y la maltrecha descentralización africana no logra cubrir para los habitantes.
En México, lo que ha generado el clientelismo es un encarecimiento acelerado del costo del voto y una desvinculación de los ciudadanos con los asuntos públicos. Es cada vez más escaso el valor que se le da al voto como vía de elección de representantes, pero sobre todo como único mecanismo que contamos para sancionar o premiar de manera directa el desempeño de las administraciones.
En contraparte, nos encontramos frente a un escenario en donde, entre más competencia, más oferta y, por lo tanto, más costo y pragmatismo electoral. Esto explica la falta de quejas y denuncias presentadas ante los consejos locales electorales durante la elección 2009: de 755 quejas, sólo nueve están vinculadas a actos de compra, coacción del voto y utilización de programas sociales.
Partidos políticos, empresarios, sindicatos y ciudadanos en general se vuelven cómplices y parte de una misma cultura en donde los recursos se gastan inútilmente en una corta y costosa transacción.
Por otro lado, también estamos frente a un cambio repentino de conformación en las zonas anteriormente caracterizadas como de "voto duro" (o voto claramente definido por una fuerza política).
Sólo para tener una referencia: en 2006, de los 300 distritos electorales, 201 eran de "voto duro", es decir, tuvieron márgenes de diferencia entre el primero y el segundo lugar, en elección para diputados, superiores al 10%, mientras que en 2009 esta cifra se redujo a sólo 170 distritos.
En estos, además, el voto mayoritario fue por un partido diferente al que se votó en 2006. Los casos de Iztapalapa en el Distrito Federal; Poza Rica en Veracruz; Cuautitlán y Huixquilucan en el Estado de México; Cuernavaca en Morelos, y Pachuca en Hidalgo, nos hacen pensar que la noción de voto duro ya no es estable.
