La elección del 2009 puso en evidencia cómo en México, los diferentes vacíos legales han permitido que a pesar de la democratización y el pluralismo partidista, el corporativismo autoritario, continúe legitimándose desde el poder. Efectivamente, durante muchos años, el corporativismo entendido como una forma específica de representación e intermediación de intereses de un grupo determinado, junto con el clientelismo, fueron dos de los principales pilares del sistema político mexicano. Desde su creación, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) logró controlar y organizar al sector obrero, campesino y popular a través de diversas agrupaciones que le garantizaron un amplio control político y por lo tanto su permanencia en el poder. Este pacto tenía sus propias reglas de operación, dentro de las cuales se les pedía fidelidad a cambio de otorgarle a los gremios no solo prebendas sino también sus propias cuotas de poder y de representación. De esta manera, además de los liderazgos eternos e intocables al frente de las agrupaciones gremiales más importantes del país, diputados y senadores sindicales llegaban al Congreso bajo los colores del partido tricolor. Así, según Juan Reyes del Campillo, de 1979 al 2006 existieron en promedio 63 diputados sindicales.
Con la transición a la democracia, el adelgazamiento del Estado y la privatización de la mayoría de las empresas estatales, el sindicalismo campesino y obrero se debilitó enormemente al grado de ver su influencia política sumamente acotada. No sucedió así, con los nuevos gremios empresariales ni con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) el cual es, hoy en día, el más grande de América Latina al contar en sus filas a más de un millón 300 mil afiliados.
Al ser tan grande y tan diverso, el SNTE cuenta entre sus filas a agremiados de diferentes afinidades políticas. Aún así, su funcionamiento interno posee todas las características del corporativismo autoritario que le dieron vida al viejo régimen priista, a saber la organización jerárquica y cupular, la obligación de afiliación por parte de sus miembros, la toma de decisiones vertical, la falta de rendición de cuentas sobre el uso de los recursos, la falta de renovación de la dirigencia y el monopolio de la representación de los intereses. Todo esto, sin posibilidad de contrapeso alguno ya que ni siquiera las leyes de transparencia federal y estatales pueden ser usadas para que el sindicato rinda cuentas a sus agremiados puesto que solo en 3 entidades (Distrito Federal, Sonora y Michoacán) los sindicatos son sujetos obligados de transparencia.
Con estas características, hasta antes del 2006, el SNTE tenía que pasar por la intermediación de un partido político para poder obtener candidaturas y puestos de poder. Esto le fue particularmente provechoso en el 2003, cuando bajo el liderazgo de Elba Esther Gordillo logran 25 diputados sindicales arropados por el PRI. En el 2006 la ley permite que compitan por primera vez con su propio partido, el Partido Nueva Alianza (PANAL) el cual no solo logra obtener por sí mismo 9 diputaciones y 1 senador sino que el supuesto apoyo a la candidatura de Felipe Calderón Hinojosa le reditúa en cargos en la Secretaría de Educación Pública, la Lotería Nacional el ISSSTE y el FOVISSSTE.
Con la reforma del 2007, los diputados trataron de dar marcha atrás al prohibir a las agrupaciones gremiales la creación de partidos y las actividades de proselitismo electoral. Demasiado tarde para el sindicato de maestros ya que en el 2009, el SNTE y su partido, el PANAL, volvieron a repetir la fórmula de la inequidad aprovechando no solo los recursos públicos que por ley se dan a los partidos políticos sino que además pudieron apoyarse en la infraestructura humana y física que solo un sindicato como el SNTE puede ofrecer. De esta manera, Alianza Cívica observó que en los Estados de Sonora, Estado de México, Nuevo León y Coahuila, el PANAL y sus aliados se apoyaron en la red de maestros para operaciones como la pirámide de 10 (llevar al menos 10 personas a votar), las brigadas comunitarias y el desarrollo de “rutas” (apoyarse en delegados, comisionados, inspectores y directores de escuela) lo cual le dio 8 diputados federales y varias victorias a nivel local. Si a esto se agregan los puestos de poder y de representación que el sindicato obtiene con los demás partidos y gobiernos estatales por las vías de mediación y presión tradicional tenemos que lejos de favorecer la equidad, la pluralidad y la democracia, las “reglas del juego” y la complicidad partidista han propiciado que el corporativismo autoritario no solo se mantenga sino que se siga fortaleciendo desde el poder.
